La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó un presunto daño patrimonial en el Gobierno de Puebla por más de 43.2 millones de pesos en 2025.
Estas irregularidades fueron detectadas en el manejo de la nómina de salud y educativa. Las autoridades federales confirmaron el pago de salarios a personas fallecidas, «aviadores», empleados con licencia y personal que no acreditó los requisitos académicos.
De acuerdo con los resultados de la segunda entrega de la Cuenta Pública 2025, la ASF emitió un total de 11 pliegos de observaciones enfocados en dos ramos presupuestales clave:
- El Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)
- El Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo (FONE).
El mayor presunto desfalco se concentra en la dispersión de salarios a empleados que, por ley, no debían percibir ingresos al contar con una licencia sin goce de sueldo.
Por esta acción, la ASF formuló dos señalamientos que suman un daño de 17 millones 008 mil 626.31 pesos; el primero corresponde a 15.6 millones pagados a 168 trabajadores, y el segundo a 1.3 millones en favor de 22 empleados.
Asimismo, la auditoría reveló irregularidades administrativas vinculadas directamente a la duplicidad de funciones y a la ocupación de cargos políticos o sindicales:
- Cargos de elección popular: Se detectó un desfalco de seis millones 554 mil 802.40 pesos por el pago de salarios a 19 trabajadores que cobraron nómina educativa simultáneamente mientras desempeñaban un puesto de elección popular.
- Liderazgos del SNTE: Se resaltó un daño patrimonial de 7 millones 619 mil 551.51 pesos por remuneraciones otorgadas a nueve empleados que realizaban funciones exclusivas dentro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, abandonando sus obligaciones docentes.
Detecta ASF pagos a difuntos, despedidos y «aviadores»
La auditoría al gobierno estatal puso en evidencia la operación de una nómina fantasma. La ASFG observó cuatro millones 054 mil 216.87 pesos erogados a ocho «aviadores», clasificados así tras comprobarse inconsistencias geográficas entre sus supuestos centros de trabajo y los lugares donde radicaban.
A la par, el informe documentó que la administración destinó 2 millones 828 mil 074.06 pesos al pago de sueldos de trabajadores que ya habían fallecido antes del inicio del ejercicio fiscal 2025.
Este presunto daño se desglosó en tres observaciones específicas:
- 1.9 millones de pesos depositados a las cuentas de 20 finados.
- 903 mil pesos transferidos a nombre de otros 26 fallecidos.
- Una observación menor por 21 mil 938 pesos correspondientes a cinco casos adicionales.
Finalmente, la revisión arrojó pagos ilícitos a personal que ya había sido dado de baja. Las autoridades federales detectaron erogaciones por 369 mil 993.96 pesos y 257 mil 379.31 pesos destinadas a 22 empleados que ya se encontraban formalmente despedidos de sus centros de trabajo.
