Con el objetivo de fortalecer la protección de los derechos de la niñez y garantizar la transparencia en los procesos judiciales familiares, la diputada Laura Guadalupe Vargas Vargas presentó en el Congreso del Estado de Puebla una iniciativa que propone agravar las penas para quienes incurran en falsedad de declaraciones en procedimientos familiares.
La propuesta se centra en aquellos procesos relacionados con guarda y custodia, pensión alimenticia y visitas, donde la veracidad de la información proporcionada es crucial para la toma de decisiones judiciales. Según la diputada Vargas Vargas, la falsedad de declaraciones puede afectar directamente los derechos e intereses de las niñas, niños y adolescentes involucrados, por lo que es indispensable que exista un marco legal más estricto que desincentive esta conducta.
La iniciativa plantea que quienes proporcionen información falsa en estos procedimientos enfrenten sanciones más severas, ajustadas a la gravedad del delito y a las consecuencias que puedan derivarse para las y los menores. Esto busca garantizar que las resoluciones judiciales se basen en hechos auténticos, fortaleciendo así la confianza en el sistema judicial y la seguridad jurídica de las familias.
El dictamen fue aprobado por la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso del Estado, y se espera que sea discutido en el pleno en los próximos días, donde las y los legisladores analizarán su alcance y posibles ajustes.
Con esta reforma, el Congreso de Puebla pretende dar un paso importante en la protección integral de la niñez, asegurando que los procesos familiares se desarrollen bajo principios de honestidad, transparencia y respeto a los derechos humanos. Además, busca enviar un mensaje claro sobre la responsabilidad legal de quienes proporcionan información ante la autoridad judicial y la importancia de que esta sea veraz.
De ser aprobada, la iniciativa se traduciría en un reforzamiento del marco legal en materia de justicia familiar, brindando herramientas a jueces y magistrados para sancionar de manera efectiva la falsedad de declaraciones y garantizando que los intereses de las niñas, niños y adolescentes sean siempre la prioridad en cualquier proceso judicial.
